- Ahora la revocación de la concesión será sometida a consulta pública
- Después de “reunirse” con Aguakán, Cristina Torres revira la intención de revocar, promesa que la llevó al poder en 2016
Fotos: Noticaribe, Visión Peninsular y Municipio de Solidaridad
Por Julian Santiesteban
El gobierno de Solidaridad dio un vuelco completo en su promesa de revocar la concesión de agua potable a la empresa Aguakán en el municipio de Solidaridad, evidenciando un “arreglo” entre la empresa y el gobierno de Cristina Torres Gómez.
Entrevistada radiofónicamente por la periodista Silvia Reyes Vargas, la alcaldesa reconoció dijo ahora que entre el gobierno y la empresa vigilarán “la calidad” del servicio que prestará, e incluso dijo que conformarán en las colonias de Playa del Carmen “contralorías ciudadanas” y a ellas sumarían a los colegios de profesionistas para que sean testigos de la mejora de los servicios, pero lo cierto es que la determinación constituye un franco incumplimiento con la promesa de campaña que la llevara al gobierno en 2016, y que además comenzó a presentar como uno de los temas principales para su reelección en 2018.
Sin embargo, el incumplimiento en la revocación ha sido destacado también por la impugnada candidata de Morena a la alcaldía de Solidaridad y diputada local, Laura Beristain Navarrete; ante lo cual el anuncio hecho por Torres Gómez se advierte como un intento de evitar que el tema sea “bandera de campaña” y más que beneficios le represente una presión real para avanzar de manera firme en la promesa que ella misma hiciera a los solidarenses.
Ahora, la alcaldesa asegura que darán un mes de plazo para que Aguakán dé muestras reales de mejora en la calidad del servicio, o el proceso de revocación seguirá adelante, anteponiendo, sin embargo, la incapacidad para resarcir los recursos entregados al gobierno para lograr la señalada concesión.
Es importante recordar que el gobierno de Roberto Borge Angulo junto con el municipio de Solidaridad concesionaron el cobro de agua potable hasta el año 2053, mediante el pago al gobierno de mil 055 millones de pesos al gobierno estatal, recursos que fueron “desaparecidos” en la anterior administración y que, de revocarse la concesión tendrían que ser reembolsados a la empresa.
Durante la campaña de 2016, la ahora alcaldesa “clausuró” simbólicamente las instalaciones de Aguakán y hasta apenas el primero de febrero del presente año aun insistía en que la revocación se llevaría a cabo; pero durante la entrevista radiofónica de hoy reconoció que “se reunieron” con la concesionaria y que ahora buscarán mejorar el servicio, y que someterán a consulta pública si siguen adelante con el proceso.
Cabe recalcar además que el aun director de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo, aseguró que no hubo motivos fundados para realizar la concesión y que, al llevarla a cabo, se ocasionó un daño financiero profundo a la paraestatal, pues ahora no se cuenta con los recursos para resarcirlos en caso de revocación, pero aun así aseguró que irían “a fondo.”
El tema dará de qué hablar en los siguientes días y seguramente generarán un daño profundo a las aspiraciones de reelección de la actual alcaldesa, que deja en entredicho el incumplimiento del gobierno estatal, pero además incumple con una promesa personal que hiciera para llegar al poder.
