Municipio de OPB ofrece disculpa pública a mujeres agentes de la Policía Municipal Preventiva

Por Alejandro Peza

La presidente municipal, María Luisa Alcérreca Manzanero, ofreció disculpas públicas a seis mujeres, agentes de la Policía Municipal Preventiva por tratos indignos, discriminación y hostigamiento sexual durante la gestión de Antonio Arenas Mondragón como director general de Seguridad Pública de Othón P. Blanco.

“Les imponían arrestos administrativos y durante el pase de lista de asistencia en las instalaciones, eran asediadas constantemente por sus compañeros quienes les faltaban al respeto con comentarios ofensivos y con connotaciones sexuales, faltas de respeto que se lo hicieron de conocimiento a su superior sin que tomara cartas en el asunto”,

Antonio Arenas Mondragón, encabezó durante siete meses la Policía Municipal hasta que fue cesado a mediados de mayo de 2017 y por estos hechos enfrenta un procedimiento administrativo en su contra que podría derivar en la inhabilitación como servidor público.

El Coronel de artillería del Estado Mayor, fue denunciado por Johana Yazbeth Lagos Martínez, Ivonne Monroy Rodríguez, Rosario Tenorio Medina, Guadalupe del Belem Cano Barrera, Martha Candelaria Rosado Arceo y Wendy Ávila Novelo, mujeres que se desempeñaban en áreas administrativas de la Policía municipal.

Johana Yazbeth Lagos, una de las víctimas sostuvo que es increíble que la dirección de Seguridad Pública y el Ayuntamiento reconocieron de manera forzada y no por voluntad, que el caso fue un hecho que violó sus derechos humanos y el de sus compañeras.

“La disculpa es a nombre de funcionarios corruptos e inconscientes que hicieron caso omiso a las solicitudes de ayuda que mis compañeras y yo realizamos (…) Tocamos puertas y nadie nos atendió a pesar de contar con evidencia que respaldaban  de que era verdad, hubo funcionarios que nos exhibieron frente a nuestros compañeros menoscabando nuestra integridad y capacidad”

Un dato interesante es que las disculpas públicas se ofrecieron con base a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, aunque el acto protocolario se realizó a destiempo y con varios meses de que venciera el plazo.

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