A diez años de la entrada del nuevo sistema de justicia penal “hemos perdido la brújula del proceso” y todos los estados están reprobados en el proceso de consolidación del sistema penal acusatorio. Así lo revela el informe de México Evalúa Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México.
De acuerdo con el estudio, el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio para 2016 fue de 87.3%, lo que implica que “existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen”. La cifra es escalofriante si se toma en cuenta que la cifra negra, o los delitos que no se denuncian y por lo tanto no se investigan, es de más del 90%.
“Si hablamos de amnistía a delincuentes, de hecho, ya la tenemos”, dijo Birgit Lamm, directora regional de la fundación Friedrich Naumann, durante la presentación del informe.
Aunque hay estados que han usado más que otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos como el no ejercicio de acción penal —Guanajuato, Querétaro y Coahuila—, todos los estados están reprobados en el Índice de Impunidad del Sistema Penal Acusatorio presentado por la organización.
Viendo las cifras de impunidad en todo el país, y particularmente en los casos de Jalisco, Tlaxcala y Yucatán, cuya impunidad es del 99.3%, 99.1% y 98.9, respectivamente, es que “es muy bueno delinquir en estos estados”, dijo el ministro José Ramón Cossío Díaz, pues la probabilidad de que los detengan y sentencien es bajísima. “Es aterrador”, dijo.
Si bien se han mostrado las bondades de aprovechar el uso de estos mecanismos alternativos, aún no se han logrado consolidar como opciones reales que desahoguen cargas de trabajo y brinden un acercamiento a la justicia pronta y expedita, revela el informe.
Para Maria Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, “estamos institucionalizando la impunidad de nuestras instituciones de justicia”.
El informe de México Evalúa ofrece un panorama de las fallas y pendientes en la consolidación del modelo acusatorio en nuestro país y evidencia también que “el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado”, mismo que tendría que ser una prioridad para el próximo gobierno, de acuerdo con la organización.
Pendientes a 10 años del nuevo sistema
Hay deficiencias en las capacidades de las instituciones encargadas de procurar justicia. En 2017, solo 25 de 32 estados reportaron haber realizado algún tipo de inversión en capacitación, y solo cuatro entidades —Campeche, Jalisco, Morelos y Querétaro— reportaron algún tipo de inversión en cuatro de las cinco instituciones evaluadas (Fiscalía, Poder Judicial, Seguridad Pública, Defensoría y Comisiones de Víctimas).
Pese a que la profesionalización de los operadores es otra de las condiciones necesarias para la consolidación del sistema, solo 58 de las 160 instituciones estatales consideradas (36.3%) reportaron contar con un servicio profesional de carrera o con carrera judicial que se encuentre operando de forma efectiva. “La distancia entre la norma y la realidad”, refiere el informe.
La incapacidad de las instituciones para investigar los delitos ha generado un rezago importante. En el segundo año de consolidación del sistema, hubo un crecimiento del 79.6% en carpetas de investigación de 2015 a 2017, y la capacidad de respuesta de las instituciones se vio reflejada en que solo se le dio respuesta a 5 de cada 10 asuntos. Por si fuera poco, solo se atienden delitos no complejos.
La adopción del nuevo sistema de justicia debió poner a las víctimas en el centro del modelo y el proceso penal, aunque en la realidad no ha sido así. “Aun cuando se reporta la creación de las Comisiones Estatales Ejecutivas de Atención a Víctimas en 19 entidades federativas, muchas de estas solo existen nominalmente y la gran mayoría no están preparadas y no cuentan con personal suficiente, ni insumos institucionales, para brindar la atención a las víctimas”, refiere el informe.
“No están recibiendo atención las víctimas y tenemos importantes déficits de asesores victimales en el país”, dijo Mariana Novoa, autora del estudio durante la presentación.
Pese a que la ley establece que para 2016 debían existir 4 mil 013 asesores jurídicos para representar a las víctimas, a la fecha hay un déficit de 3 mil 060 funcionarios. El reporte destaca la insuficiencia de asesores jurídicos para atender un estimado de 24.2 millones de víctimas mayores de 18 años: “Para cumplir ese requerimiento cada asesor hubiera tenido que brindar acompañamiento a un aproximado de 25 mil víctimas”.
Para Jacobo Dayán, académico del Colegio de México (Colmex), “hay un absoluto abandono del gobierno, la sociedad y los medios de comunicación” en el tema de las víctimas. “Hemos decidido no voltear a ver el horror”, dijo durante la presentación del informe.
Con este diagnóstico queda claro que “hemos perdido la brújula del proceso”, como dijo María Novoa, por lo que México Evalúa recomendó la creación de una instancia técnica de coordinación nacional y de paso lanzó un reto al próximo gobierno: “Retomar la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio como un problema público prioritario”.
Durante el acto, los especialistas admitieron que no será fácil, aunque coincidieron que lograr la adecuada consolidación del sistema hace falta voluntad política.
Aquí puedes consultar o descargar el informe íntegro:
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